¿QUE HAY DETRÁS DE LAS DENUNCIAS?
Quienes tengan una serena lectura de los acontecimientos, declaraciones, publicaciones periodísticas, denuncias en el Congreso, podrán llegar a la conclusión de que la derecha está apelando a nuevas tácticas de desgaste contra el presidente Lugo, buscando –finalmente- encausar el juicio político que hasta ahora carece de apoyo popular.
Esta campaña apunta ahora a compañeros/as identificados con posiciones progresistas y/o de izquierda que están al frente de instituciones del gobierno. Es una campaña con deformaciones, medias verdades y mentiras.
El Partido Convergencia Popular Socialista (PCPS) no rechaza la investigación de la gestión pública, por el contrario, alienta que todas las instituciones del Estado paraguayo que tengan facultades de investigar, lo hagan y presenten un informe serio y responsable a la ciudadanía.
Lastimosamente, el interés de transparentar la gestión pública se empezó a contaminar por posiciones cercanas al macartismo como las que rodean a los diputados Acha, Soler y Tuma. Obviamente, este espíritu macartista no impide que no se hagan las investigaciones correspondientes, pero hay que mantenerse atento cuando las denuncias son presentadas mediáticamente como hechos consumados de corrupción, malversación, etc.
Hay de parte de ellos (y otros exponentes de la derecha) una intolerancia incalificable hacia la gestión de Camilo Soares al frente de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), consumado en su punto más alto con el allanamiento a sus oficinas. A propósito, es importante que el fiscal Giuzzio no se olvide de investigar toda la inmensa documentación que tiene en su poder. Igualmente, si qué sentido tienen las afirmaciones del Contralor General de la República, Octavio Airaldi, quien sin ni siquiera tener datos contundentes contra la actual administración de la SEN, emitió opiniones personales para luego aclarar que la auditoría aún está en marcha y no cuenta con un informe final.
Es igual el caso de la SICON, donde las acusaciones no aclaran el rol de cada una de las instituciones. Nadie presentó pruebas de que SICON contrata -y para más- radios comunitarias irregulares. Además, existen algunos sectores que deliberadamente no hacen la diferencia entre las radios comunitarias legales e ilegales. En cualquiera de los casos lo que importa es sostener una campaña contra este tipo de medios.
Y para terminar con estas referencias que sostienen esta posición, se debería mencionar la campaña mediática de críticas y denuncias lanzadas en contra de la contratación de Lucía Esther Villamayor para la tarea de articulación social de la Coordinación Ejecutiva de Itaipú. Se habla que este gobierno mantiene los mismos "vicios" de los gobiernos anteriores, que el nombramiento es una "estafa", etc.
Aparte de ser un cargo de confianza, ¿algún medio se ocupó de informar sobre la trayectoria de Lucia Villamayor, de su experiencia con las organizaciones sociales dentro y fuera del país? ¿O el hecho de que es la esposa de Marcial Congo le impide ser nombrada en un cargo? Lo más llamativo es que quienes siempre entraron para robar son quienes más gritan y denuncian, porque parten de la idea de que todos/as que asumen cargos en el gobierno robarán como ellos lo hicieron.
Estás articulaciones no son casuales, la pérdida de privilegios, el hecho de que personas identificadas como socialistas, comunistas y con los sectores populares lideren algunas áreas de la administración del Estado, no quiere ser aceptado por estos sectores conservadores y oportunistas.
El PCPS sostiene que las investigaciones deben continuar y deben hacerse todas las que hagan falta porque no se acompañará la corrupción. Pero las organizaciones sociales y populares sepamos leer que la derecha y los sectores conservadores están utilizando otras vías de desgaste para intentar arribar al juicio político y detener este proceso.
Asunción, 18 de marzo de 2010.
HUGO RICHER - Secretario General
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